Ayuntamiento de Ermua

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Órganos administrativos de control


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Imagen alegórica del Secretario municipal y la Interventora municipal del Ayuntamiento

Como en otras esferas de la vida, también en la administración pública el hecho de saberse controlados mejora nuestro comportamiento y rendimiento o, al menos, disuade de cometer errores que tienen su origen en el secreto y la opacidad.

Por lo tanto, la gestión de la transparencia, que tiende a analizarse desde una perspectiva externa, esto es, a través de las medidas que es preciso adoptar para garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la información que gestionamos desde el Ayuntamiento, también requiere pensar en otro enfoque, más interno, pero no menos importante, como es el establecimiento de un modelo de organización en el que se diferencien los planos ejecutivos o de gestión y el de control, que resulta fundamental para asegurar la transparencia entendida como garantía del respeto a la ley de cuantas decisiones se adopten en el seno de la Corporación.

El Ayuntamiento de Ermua debe actuar en todo momento con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, y aplicar las normas y procedimientos establecidos en la normativa, por cuanto las potestades administrativas deben ser ejercidas únicamente con la finalidad para la que han sido otorgadas por las disposiciones pertinentes, de manera imparcial, justa y razonable.

Y para velar que las administraciones públicas cumplamos los postulados del ordenamiento jurídico en materia de legalidad y seguridad jurídica, además de los jueces y tribunales, distintas leyes sectoriales atribuyen a órganos externos la función de control de la actividad de las administraciones públicas en atención de la materia de que se trate en cada caso.

En este sentido, el Tribunal Vasco de Cuentas actúa con total independencia y debe pronunciarse sobre la legalidad, regularidad y eficacia en el uso y gestión del dinero público.

La Agencia Vasca de Protección de Datos, entre otras, tiene la función de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos.

O la Junta Asesora de la Contratación Administrativa del País Vasco, que tiene como función conocer cuantas reclamaciones se le formulen sobre los procesos de contratación administrativa desarrollados por las administraciones públicas del País Vasco.

Sin embargo, no debemos perder de vista que la legislación de régimen local y de función pública también configuran unos órganos de control de carácter interno sobre la actividad de la propia administración, que no por ser internos son menos importantes.

Al contrario, este carácter les confiere una posición inmejorable para conocer las interioridades de la organización municipal en la que sirven y poder actuar como alerta temprana o de manera preventiva, y evitar, por tanto, que se produzcan situaciones de ilegalidad o malas prácticas administrativas.

Con este fin se articulan las funciones de la Secretaría y de la Intervención Municipal, respectivamente, contempladas en la Disposición Adicional 2ª punto 1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que “son funciones públicas en las Corporaciones Locales, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a funcionarios, las que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería.

En el Ayuntamiento de Ermua, entendemos que simultanear dos cometidos que colisionan entre sí, por una parte, las tareas de dirección y pura gestión, y por otra las tareas de control, esto es, informar sobre la gestión, aconseja que se acometa su diferenciación y fortalecer las funciones de control administrativo interno sobre el conjunto de la actividad municipal.

De esta manera, se refuerza el principio de imparcialidad y de neutralidad funcionarial al desligar la gestión del control, de modo que quien gestiona y quien controla sean órganos diferentes.

En definitiva, en nuestra organización potenciamos que la Secretaría y la Intervención Municipal cumplan su misión de servir de órganos de autocontrol interno en la aplicación de la legalidad en los actos administrativos que contravengan el derecho impidiendo que estos causen daño antes de ser efectivos, contribuyendo de este modo a incrementar la transparencia e incluso la eficacia de la gestión municipal.

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